Gobierno, patronal y sindicatos han llegado a un acuerdo para prorrogar, hasta el 31 de mayo, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), cuya vigencia terminaba el último día de este mes. Además la prórroga será automática, de forma que las empresas no tendrán que tramitar nuevas solicitudes. Con esta medida se persigue no ahondar en el colapso que ya sufre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para dar curso a las diversas prestaciones y ayudas que gestiona.
Es uno de los puntos que pusieron de acuerdo al Ejecutivo, la CEOE, Comisiones Obreras y UGT en la reunión que mantuvieron el lunes. No obstante, el secretario general de este último sindicato criticó el hecho de que el Gobierno vuelva a fijar una fecha de finalización de los ERTE, cuando en su opinión habría que colocar «fecha de revisión, no de caducidad». Aún así, todas las partes se muestran optimistas respecto a la próxima reunión que mantendrán este jueves para recortar los flecos que todavía quedan pendientes.
Uno de ellos se refiere a las cotizaciones sociales. Actualmente las empresas en ERTE están exoneradas -según el tipo de expediente- de abonar entre el 70% y el 100% de las cuotas que pagan a Seguridad Social por sus trabajadores. La patronal quiere que la exención sea total en todos los casos, puesto que la salud de muchas empresas -fundamentalmente las ligadas al turismo y sector servicios- es crítica.
Cláusula de mantenimiento de empleo
Otra fuente de discusión es la cláusula de mantenimiento de empleo por parte de las empresas acogidas a un ERTE. En la actualidad no pueden despedir a ningún trabajador en los seis meses posteriores a su reincorporación al trabajo. Si lo hacen, deberán devolver las cuotas exoneradas de todos los empleados afectados por el expediente de regulación.
El Ministerio de Trabajo y los sindicatos no quieren modificar esta cláusula. La patronal no está de acuerdo, pese a que en la anterior prórroga se suavizó algo, puesto que se estableció que los seis meses empezaran a contar desde el día en que entraban en vigor la normativa, y no desde que se incorporaba el primer trabajador a la actividad. La CEOE alega que hay muchas empresas que no tendrán más remedio que echar a muchos de sus empleados una vez salgan del ERTE. Así que pide que sólo se devuelvan las cuotas exoneradas de los trabajadores despedidos, y no de todos los incluidos en el expediente.
Los agentes sociales también coinciden en facilitar a las empresas el cambio de tipo de expediente de regulación, que se hará de forma automática. Es decir, el paso de un ERTE por fuerza mayor a otro por limitación de actividad o por impedimento -o viceversa- no requerirá de nuevos trámites para evitar el colapso administrativo.
Fuente: elcorreo.com
