En Francia, las autoridades utilizaron software de IA contra las piscinas privadas no declaradas y obligar a sus propietarios a pagar impuestos por ellas. En España ya se han llevado a cabo iniciativas similares en el pasado.
Esa piscina “no existe”
El sistema desarrollado por Capgemini utiliza imágenes aéreas de Google y el Instituto Nacional de Información Geográfica y Forestal (IGN) y las compara con mapas catastrales franceses para detectar piscinas no declaradas. El éxito del experimento, que comenzó hace un año en nueve departamentos franceses (equivalentes al nuestro), encontró 20.356 piscinas privadas, lo que significa que ahora el programa se expandirá al resto del país.
Estas modificaciones a la propiedad privada deberán ser declaradas ante la autoridad competente dentro de los 90 días siguientes a su realización. Al tratarse de mejoras, se incrementa el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para los propietarios que realicen dichas modificaciones.
No solo pagas por la piscina
Por ejemplo, una piscina con una superficie de 30 metros cuadrados añade unos 200 euros al año. El descubrimiento de estas miles de piscinas ha recaudado un total de casi 10 millones de euros en el erario francés. Por ejemplo, no se contabilizan las piscinas móviles, pero sí las piscinas que requieren obra civil, así como otras estructuras como pérgolas permanentes.
El sistema no es perfecto
Si bien las soluciones desarrolladas con la ayuda de la inteligencia artificial funcionan bien, están lejos de ser perfectas. Como señalan en la exclusiva de Le Parisien, «a veces la IA confundía las lonas azules con piscinas, registraba piscinas elevadas o se olvidaba de ellas […]». Según los expertos, la tasa de error ronda el 30%.
Ojo: En España, el Ministerio de Hacienda también se muestra cauteloso
Nuestro país lleva años persiguiendo este tipo de actividades e identificando piscinas no declaradas. No parece estar usando IA contra las piscinas privadas irregulares, pero sí utiliza tecnología de drones o vuelos de fotogrametría que realiza de manera regular. Durante estos vuelos se capturan imágenes digitales del terreno y se verifican las violaciones de la ciudad comparándolas con datos catastrales.
Regularización catastral
Este tipo de proceso, que comenzó en 2013, encontró violaciones en casi 2 millones de hogares durante cinco años, a pesar de las protestas de los propietarios en muchos casos. Se encontraron 100.000 piscinas construidas y no declaradas, 11.500 solo en Madrid, y por supuesto esto se repite por toda la geografía española.
Sin multas, pero con aumento del IBI
Aunque no se imponen sanciones, los propietarios deben pagar una tasa de 60 € por cada inmueble a regularizar, además de pagar el IBI y aumentar el valor aplicable en cada caso, así como la morosidad de hasta cuatro años. Como ocurre en Francia, hay algunas excepciones como piscinas hinchables, pero si haces mejoras permanentes y no declaras -puedes hacerlo en Catastro- este tipo de procesos pueden llegar a detectarlo.
