El lunes de la semana pasada, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aprobó el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra, a causa de la invasión de Rusia a Ucrania.
La guerra Rusia-Ucrania dejará unas consecuencias económicas que supondrán 16.000 millones de euros hasta el próximo 30 de junio.
Una de las medidas presentadas es la desvinculación del IPC de los precios de alquiler, que impedirá subidas superiores al 2%, tal y como anunció la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
¿De qué trata esta medida?
Tal y como indica la Ley de Arrendamientos Urbanos, la actualización de renta, se puede subir una vez por año. Es decir, desde la firma del contrato hasta la finalización del año. En este caso, estará limitada por el IPC del año anterior.
Esta medida es consecuencia de la evolución que ha tenido el Índice de Precios al Consumo (IPC) estos últimos meses. En febrero de 2022 el porcentaje llegó a 7,6% y se prevé que durante los próximos meses siga aumentando. Lo que supone un problema para muchos arrendatarios, ya que verán un aumento en los precios de alquiler.
Con esta nueva regla, un alquiler de 1.000 euros, durante los próximos 12 meses pasaría a costar 1.020 euros y con el IPC del último año el casero podría exigir 1.076 euros.
Como indicó Pedro Sánchez, presidente del gobierno, el lunes pasado, “En materia de vivienda y de forma excepcional, para evitar subidas elevadas que perjudiquen a las familias arrendatarias, las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses tendrán un límite del 2%».
¿Cómo afecta a los pequeños y grandes propietarios?
Un pequeño propietario es aquel que tiene en su posesión menos de diez inmuebles urbanos. Para estos, la nueva ley les da un poco de margen, ya que tienen la capacidad de negociar con el inquilino. En caso de que no lleguen a ningún acuerdo, este último podría exigir por vía legal que la subida también quedase limitada a 2%. En definitiva, el arrendador es quien tiene el mayor poder en la negociación.
Un gran tenedor, según el gobierno, es la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2, también de uso residencial, excluyendo en ambos casos garajes y trasteros. A ellos se les aplica por imperativo legal ese 2%. No tendrían capacidad de negociación.
¿Cuándo entra en vigor esta medida y tiempo de duración?
Esta norma se hizo efectiva el pasado viernes 1 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio de este mismo año, lo cual es una medida temporal. Sin embargo, una vez llegado a la fecha límite se podrá prorrogar a partir de ese día.
Por tanto, dicha ley afectará a todos los contratos de alquileres que se tengan que renovar dentro de estas fechas.
