Desde 2017 cada vecino de un inmueble con calefacción central a gas pagará por la energía que consuma, no por su coeficiente de participación. La medida busca la eficiencia energética y un pago más justo por la calefacción, aunque conllevará un destacado gasto en instalaciones.
Las pautas para tarificar la energía que consumimos varían cada cierto tiempo y la consecuencia suele ser siempre la misma: la mayoría de consumidores se pierde y no entiende qué le están cobrando y qué está pagando. En el caso de las comunidades que funcionan con calefacción central a gas resulta bastante injusto que todos los propietarios paguen «a escote».
Por ello, ya se prevé una nueva modificación, que entrará en vigor a partir de 2017: cada vecino pagará por la energía que consume y no por su coeficiente de participación.
La mayoría de los sistemas de calefacción central actuales derrochan energía, pero además no llegan a lograr la temperatura requerida en todos los puntos de la vivienda. Para tratar de paliarlo, el Parlamento Europeo dictó en 2012 una directiva de eficiencia energética que obliga a todos los edificios con instalaciones de climatización central a instalar contadores de consumo individuales. El objetivo de esta medida pasa por repartir el gasto centralizado, de manera que lo que paga cada propietario se acerque lo más posible a la energía que realmente gasta. El Real Decreto que transpone esta directiva, cuya fecha prevista era junio de 2014, todavía no ha sido promulgado, pero lo será en breve.
Modificación de instalaciones
Así, para que 1,7 millones de hogares españoles con calefacción central cumplan con esta normativa, será necesario que modifiquen sus instalaciones antes del 31 de diciembre de 2016, y de no hacerlo los propietarios de estas viviendas se enfrentarán a sanciones de hasta 10.000 euros. Además, no cambiar la instalación tendrá otra penalización destacada, pues la norma autoriza a la comunidad a facturar el máximo consumo a los clientes ‘rebeldes’.
Y ojo, porque se exceptúa de la obligación de instalar medidores individuales a los edificios en los que no compense desde el punto de vista económico por estar situados en zonas relativamente cálidas, generalmente de Canarias y el sur de la península.
Cumplir la normativa
La forma más sencilla de cumplir la normativa es poner un contador a cada vecino, pero esto sólo es técnicamente posible en las calefacciones dispuestas en anillo (el 40% del total), y en España hay más de un millón de viviendas cuyas instalaciones más antiguas que están distribuidas en columna, con los radiadores de los distintos pisos unidos entre sí de arriba a abajo. Estos sistemas requieren la instalación de un aparato de medición en cada radiador y de una unidad que centraliza las lecturas. Sea cual sea el sistema empleado, se debe acompañar de algún dispositivo que permita a los usuarios regular la temperatura de forma individual, para hacerse responsables de su consumo. Las instalaciones en anillo se regulan con un único termostato y una válvula a la entrada de la vivienda. Si la instalación es en columna, hay que regular cada radiador por separado con una válvula termostática en su entrada. Estas válvulas pueden ser mecánicas o electrónicas e incluso estar dotadas con control remoto. Dependiendo de cuál de estas tecnologías se utilicen, su precio oscila entre 15 y 40 euros.
Si cada vecino puede ajustar la temperatura de su casa abriendo y cerrando las válvulas, la presión del agua en las tuberías de muchas de la comunidades reformadas sufrirá frecuentes variaciones, y muchas de las instalaciones actuales no están listas para funcionar de esta manera, ya que las bombas que hacen circular el agua son de velocidad fija y mantienen un caudal constante. Por ello, en esos casos habrá que cambiar esas bombas por otras de velocidad variable, que harán subir más o menos cantidad de agua según lo que demanden los vecinos. Además consumen entre 3 y 8 veces menos energía y disminuyen la generación de ruido. También se recomienda volver a equilibrar el circuito hidráulico.
¿Cuánto cuesta todo esto?
Todos estos aparatos tienen un coste elevado. La instalación de los repartidores de costes (o el calorímetro) y las válvulas termostáticas junto con la derrama por adaptar las instalaciones comunes, supone un desembolso de entre 700 y 1.100 euros por vivienda. Este gasto equivale a un año de calefacción para un piso antiguo en una zona bastante fría.
La única buena noticia es que, si todo se hace bien y si los hábitos de uso mejoran, con este cambio se puede ahorrar entre un 20% y un 30% de la energía que antes se consumía. La inversión, en principio, quedaría así amortizada en unos 5 años.
¿Comprar o alquilar?
Para no tener que afrontar estos costes, se pueden alquilar los equipos a una empresa especializada, que suelen cobrar entre 6 y 7 euros al año por cada radiador, incluidos los costes de lectura y facturación. La ventaja de alquilar en lugar de comprar es que se evita el desembolso inicial, pero a la larga no es una opción interesante. En los 10 años de vida estimada que tiene la pila de un repartidor de costes, el alquiler de cada dispositivo habrá costado 66 euros frente a unos 25 euros que supone comprarlo.
La adaptación a la normativa debe acordarse en una junta de propietarios. Al tratarse de una medida de eficiencia energética, requiere el voto favorable de las tres quintas partes de los propietarios, que tendrán que decidir qué sistema usan y con qué empresas contratan. Habitualmente, el administrador o el presidente de la comunidad se encarga de procesar los repartos que le remite la empresa de gestión energética para emitir las facturas de cada vecino, lo que suele suponer un aumento de su trabajo.
Algunas comunidades autónomas han puesto en marcha planes de ayudas para estas instalaciones:
- Andalucía: Cubre un 20% de la inversión, si supera los 3.000 euros por vivienda.
- Asturias: Las subvenciones cubren el 35% del coste y hasta el 50% si se mejora la accesibilidad del edificio.
- Madrid: Entre 10 y 17 euros por radiador en el que se instale un repartidor de costes y una válvula termostática. El presupuesto en 2014 fue de tres millones de euros.
- Navarra: Entre el 20% y el 40% del coste según la renta familiar y siempre que se cumplan los requisitos de “rehabilitación protegida”.
- País Vasco: Se cubren hasta el 20% del coste de instalación.
